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2/5/2006

TESIS: Cambio climático y funciones ambientales de los bosques

La situación en Navarra respecto del cambio climático es preocupante ya que las emisiones de gases de efecto invernadero son superiores, incluso, a la media nacional (45%). Así lo señala la Doctora en Derecho Miren Sarasíbar Iriarte en su tesis doctoral defendida recientemente en la Universidad Pública de Navarra. Un trabajo en el que analiza las fuentes jurídico-normativas y doctrinales sobre el cambio climático y las funciones ambientales de los bosques en el Derecho Internacional, comunitario y español.

En este sentido, el cambio climático es el problema ambiental más grave de todos los tiempos. Y una de las mejores medidas para frenarlo desde el Derecho Forestal, es incentivar mediante la actividad administrativa de fomento, la función ambiental de sumidero por parte de los bosques. Además la protección y conservación forestal son algunos de los retos de la política de desarrollo rural.

Clima y tiempo atmosférico como hechos jurídicos

El cambio climático constituye un problema de gran relevancia, de carácter global tanto en sus causas, como en sus efectos y, por ello, reclama la atención por parte de todos los poderes públicos. En este sentido, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el máximo órgano científico en este ámbito, afirma con rotundidad la existencia indudable de un cambio climático. De ahí que desde el Derecho se intenten dar soluciones jurídicas a este problema.

La tesis se estructuró en dos partes. En la primera se aborda el cambio climático como un estudio jurídico donde se analizan cuestiones conceptuales, la normativa existente sobre el mismo y las diferentes cuestiones de interés sobre el calentamiento global. Se confirma que tanto el clima como el tiempo atmosférico son hechos jurídicos en la medida en que el derecho los hace objeto de su atención otorgándoles efectos o consecuencias jurídicas.

El momento a partir del cual el cambio climático empieza a reconocerse jurídicamente es con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. Posteriormente el Protocolo de Kyoto de 1997 desarrollará el contenido de la Convención. El objetivo de ambos es la reducción de las emisiones antropógenas a la atmósfera. Ese mismo objetivo se ha integrado en la normativa internacional, comunitaria y española que regula las medidas para luchar contra el cambio climático.

El Protocolo de Kyoto desarrolla algo más el contenido de la misma y en él se establecen, en primer lugar, los compromisos de reducción que los Estados Parte deben asumir. Sin embargo, ante la dificultad que suponía el cumplimiento de estos compromisos, se prevén unos instrumentos como mecanismos de flexibilidad, con los que los países pueden colaborar entre ellos para lograr alcanzar los porcentajes fijados. Se trata del mecanismo de aplicación o acción conjunta, el mecanismo para un desarrollo limpio y el comercio de derechos de emisión.

El último de ellos es el que más desarrollo normativo ha tenido hasta el momento y en los otros dos mecanismos se incluyen proyectos de forestación y reforestación en otro Estado dirigidos a paliar los efectos del cambio climático mediante la función de sumidero de los bosques.

Esta función de sumidero, supone aprovechar y obtener rendimiento a un recurso natural, los bosques como medio eficaz para reducir la contaminación atmosférica y, en consecuencia, frenar o limitar el calentamiento global del planeta. En este sentido, hay que contemplar a los bosques desde una triple perspectiva económica, social y ambiental. Esa multifuncionalidad requiere una adecuada política forestal, para que todos estos usos y funciones puedan coexistir mediante un adecuado análisis de todos los recursos forestales.

Política forestal española

En la segunda parte, Miren Sarasíbar analiza la política forestal española a lo largo de la historia de donde se deduce el predominio de la función económica o productiva incluso en la Ley de Montes de 1957. Esta tendencia cambia con la entrada en vigor de la Ley 43/2003, de Montes, que concede más importancia a los aspectos ambientales.

Las figuras de fomento que se indican en la Ley son tres las subvenciones, los créditos bonificados y los incentivos económicos. Estas medidas en opinión de la investigadora se constituyen en el mejor medio para implantar una auténtica filosofía ambientalista, dado que con el otorgamiento de subvenciones por parte de la Administración, el particular se encuentra más motivado o incentivado para llevar a cabo una gestión forestal sostenible.

Por otra parte, como medidas de fomento específicas destacan las ayudas a la silvicultura como medidas más apropiadas para el ejercicio de la función de sumidero en la política de desarrollo rural. Además merece la pena señalar la relevancia de la biomasa y los residuos forestales en la lucha contra el cambio climático. En este sentido la Ley de Montes confirma los beneficios ambientales del aprovechamiento de ambos.

En cambio, es más crítica con el poco protagonismo de las entidades locales en esta Ley, hecho que debe ser reconsiderado, ya que son muchos los intereses que les afectan, legalmente tienen atribuidas una serie de competencias y, en la práctica, son las encargadas de la gestión y cuidado directos de los bosques.

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